Comentario

Dispuesto a debilitar a las oligarquías a la vez que a fortalecer su posición, el Magnánimo creyó poder conseguirlo entonces uniendo más estrechamente la política de recuperación patrimonial con la de emancipación campesina. Así, mientras sus comisarios seguían realizando investigaciones e impulsando las reuniones campesinas para allegar recursos, la monarquía inició la primera fase de una política filorremensa (1448-52), cuya perspectiva final habría de ser la abolición de la servidumbre. Los campesinos, que hicieron una oferta de dinero al rey (100.000 florines), obtuvieron de éste la reglamentación de sus reuniones y organización (1448), la aceptación por parte del tribunal real de su demanda contra los señores (1449) y la suspensión de la obligación campesina de prestar homenaje servil y hacer reconocimiento de servidumbre al señor.
Reunidas unas nuevas Cortes en Perpiñán-Vilafranca-Barcelona (1449-53), la presión de los estamentos y la perspectiva de obtener de ellos un subsidio de 400.000 florines, indujeron al Magnánimo a entrar en un baile de vacilaciones, rectificaciones y ratificaciones de su política agraria, que crearon gran confusión y crispación social (1452-55). Finalmente, en 1455, el monarca que, aunque necesitado de dinero no quería claudicar ante los estamentos, considerados la mayor amenaza para su autoridad, decretó la suspensión provisional de los malos usos y la remensa, en espera de que su tribunal decidiera sobre la causa incoada por los campesinos (Sentencia Interlocutoria). Se trataba de un auténtico desafío a los señores de la tierra, que se sumaba al planteado poco antes a la oligarquía barcelonesa.

En efecto, en 1453, la reina María, desengañada de sus relaciones con los estamentos catalanes, disolvió las Cortes, abandonó la lugartenencia y el Principado y se estableció en Castilla. Entonces Galcerán de Requesens, que había servido al rey en Italia, fue nombrado en su lugar con la misión de continuar la política de enfrentamiento con la oligarquía. La medida más espectacular de la lugartenencia de Requesens fue la sustracción del gobierno municipal de Barcelona del control de la Biga (facción oligárquica) y su entrega a la Busca (facción popular), en 1453, lo que significó que representantes de las clases medias y populares, no sólo obtuvieran mayoría en el Consejo de Ciento y la Consellería, sino que también entraran en las Cortes, hasta entonces un coto de las aristocracias. El nuevo gobierno barcelonés, preocupado por la crisis que afectaba a la industria local y a las finanzas municipales, adoptó medidas proteccionistas y efectuó una devaluación monetaria, iniciativas políticas que perjudicaban a los grandes importadores y a los rentistas, es decir, a la oligarquía barcelonesa de la Busca. Las tensiones llegaron a tal punto que el rey creyó necesario destituir a Requesens y nombrar lugarteniente a su propio hermano, el rey Juan de Navarra (futuro Juan II de Aragón), un hombre duro, forjado en las intrigas de la política castellana de los infantes de Aragón, y cuyas medidas autoritarias ya habían encendido la guerra civil en Navarra.

Se inauguraron entonces unas nuevas Cortes (Barcelona, 1454-58), presididas por Juan de Navarra, que habrían de resultar dramáticas, auténtico preludio de la guerra civil. En ellas la monarquía podría contar, por primera vez, con los síndicos barceloneses de la Busca y de una veintena de municipios rurales de realengo. Pero la oligarquía tradicional se vengó del rey con una implacable labor obstruccionista: discutió a los síndicos de la Busca y de los municipios rurales el derecho a intervenir, protestó del cambio impuesto en el gobierno de Barcelona y mostró su desacuerdo con la política agraria, en especial con la autorización de las reuniones campesinas para tratar de la abolición de las servidumbres y con el hecho de que el monarca hubiera aceptado la demanda judicial de los campesinos contra sus señores. Para los estamentos, la satisfacción de estos agravios era la condición previa para la concesión de un eventual subsidio.

Fue durante la celebración de estas Cortes, en pleno forcejeo entre la monarquía y los estamentos, cuando el Magnánimo, desconfiando de obtener la ayuda de los estamentos y persuadido de que podría conseguir dinero de los campesinos, dictó la mencionada Sentencia Interlocutoria de 1455, que inició la segunda etapa filorremensa del reinado (1455-58), y que ratificó en 1457.

Las posiciones de la oligarquía y la monarquía se convirtieron entonces en definitivamente irreconciliables, como lo prueban las sesiones de Cortes, de 1456, en que los aliados del rey, los síndicos barceloneses de la Busca, y los cabecillas de la oposición, los diputados de la Generalitat, protagonizaron enfrentamientos de una dureza antes inimaginable.